Al incorporarme a la Administración inicié mi participación en los distintos movimientos, que empezaban a aflorar entre los funcionarios, para exigir los cambios imprescindibles que condujesen a una Función Pública más participativa y al servicio de los ciudadanos, para lo que era necesario crear los cauces de participación que posibilitaran una reclamación eficaz de los derechos de los funcionarios.
A principios de los años 60, el intento de superar el aislamiento internacional en el que había caído España y la pervivencia de los antecedentes históricos hizo que la Administración empezase a diferenciarse del régimen político al que servía y fuese consiguiendo cuotas de autonomía, en la medida que los Cuerpos de Funcionarios que la servían, reflejando la propia evolución de la sociedad, fueron recuperando peso e independencia, y nutriéndose, es decir, seleccionándose sus componentes, en función de los antiguos y democráticos criterios de mérito y capacidad.
Esta realidad, la reconfiguración de una Administración profesional, adaptada a la sociedad cambiante e independiente políticamente, va a ser uno de los factores determinantes de la viabilidad del proceso político de transición a la democracia, facilitando su aplicación de un modo gradual, ordenado y sin traumas.
Cuando se aprueba la Constitución de 1978, y se consolidan los valores y derechos democráticos, la Administración estaba en condiciones de llevarlos a la práctica y de hecho se puso con todo entusiasmo a la tarea, sin que hubiese que realizar grandes cambios normativos para que su labor se viese facilitada. Ello se debió, en gran medida, a que las dos grandes Leyes que regulaban la organización y el funcionamiento de la Administración, la de Régimen Jurídico de 1957 y la de Procedimiento Administrativo de 1958 permitían un funcionamiento acorde con la Constitución y no fueron modificadas. Y cuando se modificaron, 20 años después, se hizo solo muy ligeramente.
La creación de la Secretaria General Técnica de la Presidencia en diciembre de 1956, inició un proceso de reformas, con introducción de técnicas y procedimientos de gestión procedentes del exterior que tenían como objetivo la modernización y racionalización del aparato y del personal al servicio de la Administración Pública que dio como fruto la elaboración de un conjunto de leyes básicas para la regulación y objetivación de la administración entre los años 1956 y 1968. Leyes de un rigor técnico y de un carácter innovador que han posibilitado el funcionamiento de la Administración muchos años después de aprobarse la Constitución de 1978. Estas normas fueron : La Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; El Decreto de 26 de Julio de 1957, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado; la Ley de 17 de Julio de 1958, sobre Procedimiento Administrativo; la Ley de Tasas de 1958; la Ley de Régimen Jurídico de Entidades Estatales Autónomas de 26 de diciembre de 1958; la Ley y el Decreto de 7 de febrero de 1964, por los que se aprueba la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado. Con estas normas, más la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y especialmente con la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, se configura una Administración Civil del Estado separada de la Administración del Régimen, propiamente dicha (reducida a personal del Movimiento y de los Sindicatos Verticales).
A finales de 1975, cuando se produce la muerte de Franco, España contaba con una Administración relativamente moderna y profesionalizada, que realizaba las funciones que llevaban a cabo las Administraciones Públicas de otros países de nuestro entorno. Se hallaba integrada por millares de funcionarios que habían pasado exámenes que comportaban pruebas objetivas, y que ponían el acento en los conocimientos y las competencias o técnicas conocidas por los candidatos, independientemente de sus contactos políticos o de sus relaciones económicas. Los tribunales de selección, nombrados por los responsables políticos pero integrados por funcionarios, no eran más que grupos de funcionarios que seleccionan a otros funcionarios y lo hacen sobre la base del mérito y las competencias ( incluso, hay casos en que la corrección se hace por ordenador). Lo que garantizaba la independencia ideológica de los seleccionados.
En ese sentido, no es extraño, sobre todo a mitad ya de los años setenta, cuando yo me incorporé, encontrar algunos altos funcionarios con convicciones democráticas e incluso promotores de situaciones de conflicto con el régimen. Por ejemplo, el “escrito de los quinientos” altos funcionarios, funcionarios de cuerpos superiores, pidiendo una democratización total de la Función Pública o la fundación de la Asociación Española de Administración Pública constituyeron importantes muestras de acciones democráticas en esta área.
Se asumió así, por las fuerzas políticas democráticas emergentes, que la caída de la dictadura en España no tenía por qué suponer una modificación significativa de la estructura de la Administración Pública, sino que se podía apostar por el mantenimiento de las Instituciones que, con tan sólo el cambio de los titulares de los órganos superiores, contribuirían a facilitar el tránsito pacífico, ordenado y sin traumas a la democracia.
La normativa básica en materia de Función Pública era la Ley de Funcionarios de 1964, algunos de cuyos artículos aún están en vigor, y su trascendencia fue capital para el inicio de la profesionalización de la Administración Pública : creación de los Cuerpos Generales, extensión de la normativa básica en materia de derechos y deberes a todos los colectivos de funcionarios, establecimiento de órganos centrales de personal que establecieron criterios objetivos y uniformes en la gestión de personal, y sobre todo, la introducción de nuevos elementos culturales que modificaron la mentalidad existente en los ámbitos políticos y administrativos sobre las funciones y la responsabilidad de los funcionarios situados en un entorno determinado, pero necesariamente cambiante.
En las transformaciones de los regímenes políticos y económicos, los periodos de transición son tan importantes como los de consolidación democrática. En todo ese proceso, el papel de la administración y de los servicios públicos es esencial. La modernización de las instituciones, su funcionamiento eficaz y la prestación de servicios de mayor calidad constituyen hoy en día la base de la legitimidad de las instituciones, más allá de las meras declaraciones legales o constitucionales. Todo país requiere de una Administración moderna y eficaz, y conseguirla depende en gran medida de la profesionalidad de sus funcionarios, de su cualificación técnica, y de la existencia de un nivel de dirección con un compromiso personal respecto del cambio.
La Constitución de 1978 estableció las bases de lo que debe ser una Administración y Función Pública democrática. Su punto de arranque es la definición de España como un Estado social y democrático de Derecho y, por ende, las Administraciones Públicas son parte de ese modelo de Estado y su Función Pública debe ser asimismo coherente con el mismo. Por ello el Art. 9.1 de la Constitución establece la sujeción de los poderes públicos a la misma y al resto del ordenamiento jurídico, y el Art. 9.3 garantiza los principios de legalidad, de jerarquía normativa, de publicidad de las normas, de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, de seguridad jurídica, de responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Como decíamos la primera expresión de este malestar de los funcionarios, que exigían cambios hacia una Administración democrática, fué el denominado “Escrito de los quinientos” que yo firmé en septiembre de 1974, recién ingresado como Jefe del Negociado de Informes y Dictámenes en la Vicesecretaria General Técnica del Ministerio de Agricultura, con Jose Maria Peña Vazquez, un TAC extremeño, de Subdirector y Paco Peña Diez, otro TAC asturiano, de Jefe de Sección. El escrito sentó muy mal al Gobierno de Arias Navarro que sometió a expediente disciplinario a Felicísimo Muriel que se encargó de recoger firmas por Guadalajara, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Castellón y Valencia, donde se le incoó el expediente, que le comportó una suspensión de empleo y sueldo por 6 meses, que originó una recogida de fondos entre los compañeros para ayudarle. Los Subsecretarios presionaron a los firmantes, todos técnicos superiores y bastantes subdirectores generales, para que se retractaran, cosa que consiguieron en algunos casos, no así en el mio, ya que cuando el Secretario General Técnico de Agricultura Rafael Dal-Re me convocó y me dijo que yo no sabía lo que había firmado le contesté : “que sabía leer y había leído el documento antes de firmarlo”. Afortunadamente el tema no pasó a mayores.
El primer cauce de participación fué la Asociación Española de Administración Pública, constituida por los Técnicos de Administración Civil del Estado en 1965, acogiéndose a la Ley de Asociaciones de 1964, con sede en la Calle Rios Rosas, 11, 6º, de Madrid y cuyos fines eran la promoción de estudios referentes a la estructura, funciones, carácter, historia, y reforma de la Administración, así como el apoyo de las iniciativas que persiguen su fomento, y para ello publica la revista Pragma y celebra cada dos años desde 1970 unas “Jornadas de la Función Pública”. Tuvo como primeros Presidentes a Aurelio Desdentado Bonete, que llegó a Vocal del Tribunal Supremo, a Juan Damián Traverso y a Luis Rufilanchas Serrano y de Secretario a Paco Hernández Sayans y a la que yo me afilié a poco de ingresar en el Cuerpo. Inicialmente circunscrita al Cuerpo Técnico se aprobó en Asamblea celebrada en mayo de 1975 abrirla a otros colectivos y transformarla en un sindicato de funcionarios estructurado en secciones ministeriales. En junio de 1976 ya era operativa la apertura de la Asociación, que pasó así de agrupar a unos 1.500 TAC a acoger a 6.000 trabajadores de la Administración de los distintos Cuerpos y dando cabida también a contratados, interinos, etc.
Además de la Asociación existían otros movimientos en la Administración tales como la Comisión Interministerial de los Cuerpos Administrativo, Auxiliar y Subalterno creada en 1974, y la Unión de Funcionarios Demócratas ( UFD ) que se creó en 1975, por un grupo de funcionarios de comercio, inspirándose en la U.M.D. ( Unión de Militares Demócratas) y en la que yo era uno de los representantes del Ministerio de la Presidencia junto con Jose Luis Peinado del Instituto Geográfico y también participaba Carmina Gomis, que después creo terminó en la O.R.T.. La U.F.D. se configuraba como una organización política de carácter minoritario y semiclandestino, donde confluirían las organizaciones políticas pero no las sindicales y tenía como finalidad, además de servir de organismo de coordinación de partidos y grupos, el lanzar iniciativas políticas entre los funcionarios, así como realizar análisis globales de estrategia general y denunciar los hábitos de corrupción e irresponsabilidad en el seno de la Administración.
Una de las actuaciones de la U.F.D. fué la convocatoria de una comida de solidaridad con los militares procesados de la U.M.D. en el mes de julio de 1975, de la que fuí protagonista destacado. Estando en mi destino de Jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General de Promoción del Sáhara recibí una llamada telefónica de Pepe Barrionuevo en la que me comunicaba que se había decidido convocar una comida de los funcionarios demócratas en solidaridad con los militares de la U.M.D. para el día siguiente y que el primer firmante de la solicitud de autorización por orden alfabético era yo. No le dí más importancia, pero al día siguiente nada más llegar a mi despacho me llamó Molina, el secretario del Director, diciéndome que este quería verme. Cuando entré a su despacho y le saludé me preguntó de sopetón : “Usted conoce a este Juan Alarcón que aparece aquí en ABC como primer firmante de una comida en solidaridad con los militares de la U.M.D.” Yo me demudé y pensé: “me he caído con todo el equipo, pero a lo hecho pecho” y con una voz que no sé como pude articular respondí: “Si, soy yo” Entonces el sorprendido por mi gesto fué él, que me miró por primera vez y me dijo : “Sientese por favor. Estos chicos se han equivocado, entre ellos está el hijo del héroe del Alcazar. Y ¿cree usted que acudirán muchos funcionarios a la comida?” A lo que respondí que creía que no porque ya habían muchos funcionarios de vacaciones y no se había difundido la convocatoria con antelación suficiente. Me despidió amablemente y a las dos horas me llamó Pepe Barrionuevo para informarme que la Dirección General de Seguridad no había autorizado la comida.
Como consecuencia de mi militancia en Reconstrucción Socialista de Madrid conecte con otros funcionarios que también militaban en la misma y entre ellos con dos Inspectores de Trabajo: Pepe Barrionuevo y Segismundo Crespo, que a su vez militaban como Enrique Barón y otros muchos en la U.S.O., Unión Sindical Obrera, sindicato socialista autogestionario de raíz católica y que era la alternativa clandestina a CC.OO., Comisiones Obreras, el sindicato de tendencia comunista.
Reunidos, en el chalet de Andrés García de la Riva y Carmen Mestre en Aravaca, Pepe Barrionuevo, Segismundo Crespo, Carmen Serrano y yo acordamos crear la Unión Sindical de Trabajadores de la Administración (USTA), configurada como una Federación de la USO, que acoge a todos los trabajadores que prestan sus servicios a la Administración Pública por cualquier concepto y en cualquiera de sus tres esferas: la Central, la Local y la Institucional. El primer Secretario fué Segismundo Crespo y después le sustituí yo. La implantación de USTA fué lenta, sus primeros militantes fueron: Carlos Pérez Rocamora del Ayuntamiento de Madrid, Carmen Ferrero del Ayuntamiento de Getafe, Gonzalo y su socio, Juan Tovar, Ana Seguí Navarro, M.ª Carmen Cortés Valls, Conchita Omite, Agustin Rebollo, Jose M.ª Salas, Antonio Alcaide. Y finalmente y ya en 1977, de cara al proceso de fusión con la UGT, que dividió a la organización, entraron Araceli Pereda y su marido Julián García Vargas para integrar a la USTA en el seno de UGT.
El Gobierno intentó dar una solución al problema de la sindicación de los funcionarios con el Real Decreto 1839/1976, de 16 de julio, sobre el derecho de asociación de los funcionarios públicos con el que se pretende además cumplir con el compromiso adquirido ante la Conferencia Técnica sobre Servicio Público de la O.I.T. de abril de 1975, pero tenía bastantes limitaciones al principio de libertad sindical, no reconocía los derechos de negociación colectiva y huelga, excluía a algunos colectivos : militares, contratados y personal local, e imponía la asociación por cuerpos o ministerios, por lo que fue rechazado radicalmente.
Tras las primeras elecciones de 1977 y la desaparición de la Federación de Partidos Socialistas, que era el soporte político de la USO, se plantea la fusión de la UGT y de la USO lo que provoca un durísimo debate interno que se saldó con la división del Secretariado Confederal en dos sectores : el partidario de la Unión con U.G.T. integrado por: Bonifacio Rojo, Fernando Solano, Severino Arias, Ramón Muñagorri, Miguel García Rescalvo, Jose María Zufiaur, Francisco León, Juan Plaza, Pedro Cea, Antonio Martinez Ovejero y Aquilino Zapata; y el partidario de la afirmación de USO como organización diferenciada, integrado por: José Corell, Mariano Espuñez, Manuel Zaguirre, Sebastián González, Jose María de la Hoz, Paco Giménez, Jose Maria Freire, Ramón Puiggrós, Isidoro Galvez, Dativo Escobar, Chema Amigot y Pedro Quintero. Este sector se quedó con las siglas y el otro se integró en la U.G.T.
Por mi parte, tras las primeras elecciones y mi incorporación al PSP deje de militar en la USTA y al dejar la militancia política deje también la militancia sindical y cuando decidí, en 1984, ingresar en el PSOE, consulté con Justo Zambrana a la sazón Secretario General de la FETAP-UGT mis dificultades para militar sindicalmente, dadas mis responsabilidades directivas en materia de personal, a lo que me contestó que entendía que me abstuviese de militar y así seguí hasta hoy.
