Arturo García Tizón nació en Madrid en 1946. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en la Escuela de Inspección Financiera en 1975 y, meses más tarde, en el Cuerpo de Abogados del Estado. Como abogado del Estado, ha desempeñado sus servicios en las Delegaciones de Hacienda y Tribunales de Pontevedra y Toledo, así como en la entonces Audiencia Territorial de Madrid, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Toledo, Diputado Provincial de Toledo y, entre 1982 y 1989, Diputado del Congreso por Toledo. Fue Secretario General de Alianza Popular entre 1986 y 1989.

En aquellas legislaturas fue miembro de las Comisiones de Justicia, Presupuestos y Administraciones Públicas, y Presidente de su Grupo Parlamentario. Fue también candidato a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Entre 2000 y 2004 fue Director de los Servicios Jurídicos del Estado. En 2008 es elegido Diputado del Congreso por la provincia de Toledo. En la actualidad preside la Diputación de Toledo.

La Administración Pública española está sobredimensionada: ¿Realidad o leyenda urbana?

Siendo un país medio, existen en España una multiplicidad de organismos y cierta falta de control en todas las administraciones públicas. Dados los distintos niveles de las administraciones, es necesario profundizar y armonizar.
La respuesta a la pregunta sería “depende”. Si hablamos, por ejemplo, del sector de la justicia, ¿hay o no suficiencia de medios? ¿son adecuados los niveles de calidad?
Por lo tanto, depende de los sectores de la administración a los que nos estemos refiriendo. Si se trata de la Administración local, no puede decirse que esté sobredimensionada (incluso podemos decir que es escasa). Si analizamos, en general, la administración sector a sector, tampoco. Si nos detenemos en las estructuras administrativas en su conjunto, la respuesta es sí. Existe una multiplicidad de organismos, una maraña que es necesario simplificar.
¿Respecto al número de funcionarios? Estamos en la media ¿y a las retribuciones o al gasto que suponen los empleados públicos? Estamos por encima de la media si nos comparamos con las administraciones de nuestro entorno, y superamos al sector privado. Además, tenemos un nivel de productividad inferior.
Insisto, pues, en que depende qué analicemos y con qué nos comparemos.
En general, nuestro nivel retributivo es adecuado, pero por niveles de responsabilidad deja mucho que desear. Y la prueba está en el gran número de excedencias que se dan en determinados cuerpos.
Concluyendo, no creo que la sobredimensión de la administración sea una idea arraigada en la opinión pública.

¿Cuáles son, a su juicio, los principales problemas a los que se enfrenta la Administración Pública en la actualidad?

Quizá destacaría la duplicidad en el ejercicio de competencias por parte de las diferentes administraciones. Son ejemplos las que tienen que ver con la Ley de Dependencia o con la Sanidad. Es necesario abordar un proceso de simplificación para evitar que las competencias de unas administraciones sean ejercidas por otras.
Hay que lograr, también, el equilibrio entre personal eventual y funcionarios de carrera, sobre todo, en las administraciones más pequeñas.
Se debe exigir una mayor transparencia a las administraciones públicas como requisito para ganar y mantener la confianza de los ciudadanos, por lo que plantearemos una ley de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno, que aborde la transparencia como un derecho ciudadano  y como un principio básico de actuación.
Finalmente, no se advierte que el final de toda actuación administrativa termine en responsabilidad. Por ello, es importante medir los resultados obtenidos con los recursos empleados. Es necesario revertir la percepción de los ciudadanos respecto a la aplicación de sus contribuciones tributarias.

Tras los sucesivos procesos de modernización abordados en los últimos años y en el actual contexto de crisis económica e institucional, ¿cree necesaria una nueva reforma de la Administración Pública en España?  Si lo considera así, ¿cuáles deberían ser los principales elementos a tener en cuenta?

Es necesaria una reforma para lograr una administración más simple, más especializada y absolutamente independiente, que sea capaz de dar respuesta a los ciudadanos en función de la demanda en sus diferentes niveles.
Es importante conseguir una función pública imparcial y de calidad, a la que se acceda con la garantía del cumplimiento de los principios de mérito y capacidad.
Ahora bien, nuestra AGE es razonablemente independiente y la única reforma que es preciso abordar en profundidad es la que se refiere a la delimitación precisa de las competencias de las distintas administraciones para evitar duplicidades, derroches o demoras.
Sería bueno, por otra parte, aplicar a las administraciones públicas criterios del sector privado y potenciar la colaboración público privada.
Para terminar, creo que hay que desarrollar la carrera administrativa para determinados puestos y, para los puestos específicos, buscar soluciones distintas.

¿Cree que la Administración Pública responde en España a las expectativas de los ciudadanos?

En España, tenemos una administración razonable y al menos en lo que se refiere a su tronco central, es una administración profesionalizada.
Pero si nos planteamos el nivel de satisfacción entre los ciudadanos, una vez más hemos de responder que “depende”. Hay opiniones que expresan que la administración “deja mucho que desear, es lenta, poco ágil y muy burocrática…”.
Sin duda, podemos mejorar en flexibilidad, agilidad, rapidez, previsibilidad… y a ello deberán orientarse nuestros esfuerzos.
Por otra parte, estamos a las puertas de una nueva legislatura en la que, sean cuales sean los resultados electorales, estoy convencido de que se producirán grandes acuerdos nacionales en los temas básicos que necesita el país, y la administración es clave en ese contexto.

En la cúpula de la Administración conviven necesariamente, como directivos, políticos y altos funcionarios. ¿Ha de articularse mejor esa convivencia? ¿Tiene, en su opinión, un efecto positivo sobre la calidad del Gobierno la profesionalidad de la función pública directiva?

Sin duda, ha de articularse mejor esa convivencia, como directivos, de políticos y altos funcionarios, con una definición clara de las funciones de cada uno. Al político corresponden la dirección y los objetivos, y al funcionario la ejecución.
Y hay que elevar la profesionalización. Cuanto más elevemos el nivel de ésta, más disminuirán los gastos innecesarios y la arbitrariedad en el ejercicio de las funciones públicas.
Respecto, por tanto, a la pregunta sobre el efecto positivo de la profesionalidad de la función pública directiva en la calidad del gobierno, diría que absolutamente sí. Cuanto más profesionales sean los directivos públicos, mejor será la calidad del gobierno.